zzzzzzzzzzzzz.jpgAspectos Legales del Suicidio

La Ley Número 408 de 2 de octubre de 2000, según enmendada, conocida como Ley de Salud Mental de Puerto Rico, recoge la intención del Estado de proteger a la persona con potencial de riesgo suicida en el Artículo 2.19 que versa sobre el Deber de Advertir Riesgo Suicida o Automutilación. Este deber constituye una excepción a la norma tan celosamente guardada como lo es el Deber de Guardar la Confidencialidad. El deber legal de notificación o advertencia ante la posibilidad de un riesgo suicida, constituye la expresión del estado a través de su política pública, de proteger a la persona que presenta signos que van inequívocamente dirigidos a intentar o cometer el suicidio.
La Ley de Salud Mental de Puerto Rico dispone que siempre que una persona le comunique a un profesional de la salud sobre su intención de cometer suicidio o automutilación, cualquiera de estos profesionales, tendrá el deber de advertir a un familiar sobre la posibilidad de que se ejecute tal acto.
Es importante aclarar que contrario a lo que piensan los legos en la materia, esta evaluación trasciende la simple pregunta de si la persona tiene deseos de hacerse daño. El estándar de la práctica profesional requiere la exploración de áreas tales como edad, el historial personal y familiar previo, estresores presentes, enfermedad mental presente, síntomas, uso de sustancias controladas y/o alcohol, entre otros. La Asociación Americana de Psiquiatría (APA) ha establecido guías profesionales que rigen esta evaluación y que constituyen los estándares aceptados en la práctica de la psiquiatría [1].
El Deber de Advertir en caso de Daño a sí Mismo o de Automutilación cobra eficacia cuando concurren los siguientes elementos:
a) Haber identificado y evaluado la existencia de la intención de cometer suicidio o automutilación.
b) Señalar que al tomar en consideración los factores de riesgo asociados al suicidio o automutilación, existe gran probabilidad de que el intento pudiera llevarse a cabo.
Una vez comunicada la intención de cometer suicidio o automutilación, los profesionales autorizados por ley están obligados a advertir y a cumplir con cualesquiera de los siguientes actos afirmativos:
a) Siempre que sea indicado terapéuticamente, le informará a la persona que profiere la intención de cometer suicidio o automutilación, el deber de advertir que impone esta ley.
b) Le notificará la amenaza a un familiar, manejando con tacto y cautelosamente esta situación.
En aquellas situaciones en las que el profesional de la salud entienda, a tenor con su mejor juicio profesional, que la persona que profiere la intención de cometer suicidio o automutilación reúne los criterios para ser hospitalizado, iniciará los procedimientos para su hospitalización ya sea de manera voluntaria o involuntaria, a tenor con las disposiciones aplicables, contenidas en el Artículo 4.02 de la Ley. Este artículo define los criterios de admisión a una institución psiquiatrica, ya sea que la persona se cause daño a sí misma, que cause daño a otros o que cause daño a la propiedad. El tema del suicidio fue atendido y magistralmente decidido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 1983, cuando el más alto foro se expresó sobre el tema de la responsabilidad profesional por el suicidio en Crespo v. Hato Rey Psychiatric Hospital [2].
La decisión en este caso establece parámetros claros e inequívocos en cuanto a la responsabilidad legal que conlleva atender a las personas en riesgo suicida tanto en el escenario hospitalario como en el ambulatorio.
En cuanto al escenario hospitalario, la norma aplicable exige que se ejerza el cuidado y las medidas previsoras que una persona razonable desplegaría ante determinadas circunstancias y que se ofrezca la atención médica requerida. Para determinar cuál ha de ser esta atención, debe servir de índice la práctica generalmente reconocida en la profesión . Sin embargo, aclaró el Tribunal Supremo que la responsabilidad de los hospitales no es absoluta, pues no existe obligación de prever todo peligro imaginable que concebiblemente pueda amenazar la seguridad del paciente, sino sólo aquellos riesgos que en algún grado de probabilidad serían previstos por una persona prudente y razonable.
Los hospitales serán responsables cuando hayan omitido adoptar las medidas para prevenir el suicidio de un paciente, a pesar de haber conocido sus tendencias suicidas o si el hospital las ignoraba debido a su omisión en llevar a cabo los exámenes correspondientes para realizar el diagnóstico adecuado. .
Resumiendo la norma aplicable, la responsabilidad de un hospital por el suicidio del paciente dependerá de los siguientes factores:
1. La razonabilidad del diagnóstico realizado por el facultativo.
2. Si ese diagnóstico conlleva que se descarte o no la posibilidad de que el paciente pueda suicidarse.
3. La adecuacidad del tratamiento y las medidas adoptadas para evitar el suicidio.
Los tribunales impondrán esta responsabilidad a la luz de los factores antes mencionados y demás circunstancias particulares del caso.